Cientos de videos de arrestos violentos, represión contra manifestantes y, en el peor de los casos, asesinatos, han documentado en las últimas semanas el paso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos por Minneapolis, uno de los epicentros de las protestas contra la política antinmigrante de la Administración Trump.

Uno de los videos muestra a oficiales federales sacando a una mujer de su auto y obligándola a tirarse al suelo. Esa mujer, Aliya Rahman, bangladesí-estadounidense y ciudadana estadounidense, cuenta que mientras iba al médico pasó junto a un operativo del ICE y un grupo de personas protestando, los agentes le ordenaron detenerse, la escena era caótica y recibió múltiples órdenes a la vez.

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Ese fue el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, inglés) para el arresto de la mujer: “ignoró múltiples órdenes”. Pero Rahman es autista y se recupera de una lesión cerebral traumática, a veces le es difícil comprender órdenes auditivas.

Aun así, tres agentes la arrastraron a la camioneta. “Pensé que me iba a morir”, cuenta. “Oí al conductor reírse y decir por radio ‘traemos un cadáver’”. Tardó poco en comprender que se refería a ella y sintió terror.

Internada en un edificio federal en Minneapolis, sufrió un fuerte dolor de cabeza, solicitó atención médica durante más de una hora y finalmente se desmayó. Despertó en un hospital del centro de la ciudad, donde los médicos le informaron que había sufrido una conmoción cerebral.

Dos semanas después del suceso, Rahman siente aún el miedo. “No me siento segura en mi propia casa, conduciendo por estas calles. Y aun así, estoy en una situación mucho mejor que muchas otras personas detenidas”, comenta.

En los últimos días, funcionarios federales han mostrado su disposición a reducir el gran número de agentes de inmigración en Minnesota y el presidente Trump ordenó a los federales no interactuar con manifestantes. Sin embargo, persisten el temor y la inseguridad e, incluso si hay una reducción en la tropa de unos 3.000 agentes federales enviados al área de Minneapolis, dejarán una comunidad transformada, incluyendo a muchos ciudadanos interrogados y detenidos por agentes de inmigración en las últimas semanas.

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ChongLy Scott Thao, ciudadano estadounidense de origen hmong, uno de los grupos étnicos más importantes de Vietnam, fue sacado de su casa por agentes de Inmigración vestido únicamente con sandalias, ropa interior y una manta sobre los hombros. Cuenta que lo llevaron “a un lugar remoto” y lo fotografiaron antes de liberarlo. Declaró a periodistas que todo el tiempo temía que lo golpearan.

Mubashir Khalif Hussen, ciudadano somalí-estadounidense y estadounidense, también fue detenido por ICE. “Llevaba afuera unos segundos cuando vi a una persona enmascarada corriendo hacia mí a toda velocidad”, cuenta. “Me derribó. Le dije que soy ciudadano estadounidense, pero parecía no importarle. Me arrastró afuera, a la nieve, mientras estaba esposado, inmovilizado e indefenso, y me empujó al suelo”.

Hussen ahora está demandando a la Administración Trump como parte de una demanda colectiva por discriminación racial.

Según la demanda, el ICE finalmente liberó a Hussen fuera de un edificio federal de Minneapolis, obligándolo a caminar los 11 kilómetros de regreso al lugar donde lo detuvieron.

En una declaración a National Public Radio (NPR), el Departamento de Seguridad Nacional dijo que “las acusaciones de que el ICE practica ‘perfiles raciales’ son repugnantes, imprudentes y categóricamente falsas”.

Sin embargo, las propias víctimas de los agentes del ICE, expertos jurídicos y analistas advierten que los perfiles raciales y los malos tratos no son accidentes o casos de comportamiento inadecuado, sino “un ataque sistemático a los derechos constitucionales” por parte de una agencia del Gobierno.

La Cuarta Enmienda protege a las personas de ser detenidas sin sospecha razonable y arrestadas sin causa probable, en lo cual no se incluye el color de la piel. Sin embargo, meses atrás la Corte Suprema dictaminó que la “etnicidad aparente” podía utilizarse para determinar una sospecha razonable, siempre que hubiera otros factores.

Esa decisión —alertan expertos legales— podría otorgar mayor discreción al ICE y justificar la práctica de sus agentes de perfilar racialmente a potenciales detenidos.

Expertos también advierten que, aunque haya una reducción de la presencia de agentes federales en Minnesota, los mismos problemas que han causado allí podrían aparecer en otros estados y ciudades de Estados Unidos.

Cuando los jueces fallaron contra las campañas represivas del Gobierno de Los Ángeles, Chicago y Portland, los federales no fueron instruidos a cancelar o replantear sus operaciones, sino que simplemente se trasladaron a otras partes del país.

Otro factor es el uso de la justicia para apoyar la ofensiva de la Administración. En la medida en que ha ido avanzando la campaña antinmigrante de Trump y la militarización de ciudades, los fallos de jueces de primera instancia que intentan frenar las acciones extremas de los agentes federales han sido revocados repetidamente por tribunales superiores, como los tribunales federales y la Corte Suprema.

En uno de los casos, la Corte Suprema de Justicia levantó en septiembre pasado la orden de un juez de California que limitaba la capacidad de los agentes federales de realizar detenciones de inmigración basándose principalmente en la etnia aparente de una persona, su idioma o su presencia en un lugar particular, como una granja o una parada de autobús.

En esas instancias superiores, muchos de los jueces han sido nombrados por la actual Administración o están condicionados por la influencia de Trump y su equipo en el poder judicial federal.

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